El día domingo 1 de agosto de 2010 pasará a engrosar las fechas de triunfo de una humanidad más cercana a los objetivos de la paz y la eliminación de armas de destrucción masiva, puesto que entró en vigencia el Tratado Internacional que prohíbe la fabricación, almacenamiento, adquisición y uso de bombas de racimo, que pudo concretarse gracias a que 38 países, de los 108 firmantes del acuerdo de Oslo de 2008, ya lo ratificaron a través de sus parlamentos y gobiernos.

            Las bombas de racimo son una de las municiones más letales y perjudiciales para la población civil y no combatientes, puesto que al ser arrojadas desde el aire, quedan dispersas en radios bastantes grandes, no todas explotan inmediatamente pudiendo quedar activas por alrededor de 40 años, contienen miles de mini bombas que pueden matar en un radio de 15 metros, y sus estructuras pequeñas y coloridas muchas veces son confundidas como elementos de juego por niños y adolescentes, que han sido parte importante de sus más de 100.000 víctimas que se contabilizan desde fines de los años sesenta, fecha en que empezaron a ser usadas.

            Este es un triunfo importante de parte de una comunidad política y social que ha sido consciente y crítica acerca de la existencia de municiones tan perversas como estas, sobre todo por su impacto en población civil, pero donde es evidente que los desafíos siguen siendo muy grandes. Uno de ellos dice relación con que, como ha sido habitual cuando se trata de tratados contra el armamentismo, hay países muy relevantes que no han firmado el tratado y que son los principales productores, como son los casos de Estados Unidos, Rusia y China. En cambio un ejemplo notable en sentido contrario ha sido España, que siendo un productor, asumió por cuenta propia una moratoria en el año 2008 y posteriormente destruyó todo su arsenal. Así también existen otros países que han sido los que las han usado en los conflictos bélicos, como Israel, India y Pakistán, estando de por medio flagrantes violaciones a las reglas de bombardeos en espacios civiles.

¿Y qué pasa en nuestra subregión?

            De los 108 países que firmaron el Acuerdo de Oslo, hay siete países suramericanos: Colombia, Bolivia, Chile, Perú, Paraguay, Ecuador y Uruguay. Pero de éstos, solo lo han ratificado Ecuador y Uruguay. De las ausencias más notorias, sin lugar a dudas que a nuestra región corresponde la de Brasil, que es uno de los países fabricantes y que no ha asumido ningún compromiso. Sabemos que la industria militar brasilera ha sido uno de los pilares en la relación política del gobierno del Presidente Lula con los militares brasileros, por lo tanto ha sido un tema evadido en la agenda presidencial, y muy por el contrario ha gozado de una constante preocupación por su expansión y globalización.

            Es frente a estos temas y exigencias de la comunidad internacional que los gobiernos progresistas, la sociedad civil y los espacios de integración debieran asumir más responsabilidades. Es el momento que el Consejo de Defensa Suramericano, donde tantas voces han levantado su planteamiento para revisar las políticas armamentistas, también pusiese este instrumento internacional en la mesa de debate y se contrastaran los silencios de los gobiernos de Argentina, Venezuela y Brasil frente a los argumentos referidos para la eliminación de las bombas de racimo. Del mismo modo que los países que ya firmaron en Oslo acudan a ratificar su compromiso de cara a sus pueblos.

            Nuestra subregión se ha declarado libre de armas nucleares, de minas antipersonales, de armas de destrucción masiva; ahora le toca el turno a las bombas de racimo. Con esto no solo asumimos una responsabilidad con nuestros pueblos, sino que también podemos operar como un ejemplo y una voz exigente para otras regiones que son azotadas periódicamente por conflictos con menosprecio por los derechos de la población civil.

            En este sentido, tendremos que realizar la correspondiente presión al Parlamento chileno para que avance con prontitud y evitar los bochornos internacionales que nos ha tocado vivir con otros instrumentos internacionales, como el caso del Tribunal Penal Internacional que demoramos más de diez años en su ratificación. Así como con el escándalo de la venta ilegal de bombas de racimo a Irak que se encontraba en medio del conflicto con Irán en la década del ochenta, a través de los negocios del empresario en armas Carlos Cardoen, que también nos hizo tristemente célebres en la comunidad internacional.

            Es evidente que este pequeño paso nace con limitaciones a propósito de la negativa de las grandes potencias de suscribir el tratado. Pero también es necesario recordar que en la medida que existe un instrumento internacional, que ya hay países productores que han parado su producción, que otros países están eliminado sus arsenales, que existe una conciencia social crítica, puede empezar a operar la denominada “fuerza estigmatizadora del acuerdo”, tal como sucedió con las minas antipersonales después del tratado de Otawa de 1997, que también recibió el rechazo de los grandes, pero que hoy a través de la fuerza de los hechos prácticamente no existe venta de tales municiones. Ya el Presidente Obama ha declarado que al menos, como parte del Tratado, asumirá la negativa de venta.