La producción y el tráfico ilegal de drogas, asociado estrechamente a organizaciones criminales, tráfico de armas livianas y violencia urbana, constituyen actualmente la principal problemática de seguridad en la región latinoamericana en su conjunto, tal como lo demuestran los datos nacionales correspondientes y los estudios de organismos multilaterales.

            En su reciente Informe Mundial sobre las Drogas 2010 de la Oficina contra las drogas y el delito de Naciones Unidas (UNODC) se confirman datos y realidades que aquejan a nuestra subregión en toda su extensión, ya siendo lugares de producción o de tráfico, así como por las disputas por territorios y controles de este inmenso y lucrativo comercio ilegal.

            Algunos datos básicos fundamentales nos dan el marco de las dimensiones que ha adquirido esta realidad en nuestra sub región, que es la productora esencial de la Coca, que todavía tiene el predominio de Colombia, seguido de Perú y Bolivia. Si bien el cultivo mundial de Coca bajó de 221.300 hectáreas a 158.800, entre el año 2007 y 2009, se debe específicamente a la política erradicadora del gobierno colombiano, que bajó de un cultivo de 163.300 hectáreas en el año 2006 a 68.000 hectáreas en el año 2009, pero lo que ha traído aparejado un desplazamiento de los cultivos hacia territorios en Perú y Bolivia, los que han aumentado en forma considerable. Perú creció en un 38 % y Bolivia en 111 %.

            Aquí tenemos un ejemplo claro de la complejidad de este tema y su condición multilateral, Los esfuerzos de erradicación en un solo país pueden arrojar resultados positivos como los que muestra Colombia, pero sin esfuerzos compartidos, permanentes y colaborativos, la producción de Coca termina mudándose de regiones, hacia aquellas que ofrezcan mejores condiciones, las que tienen que ver con menos control estatal, policial, de difícil acceso y precarias económica y socialmente.

            Junto a la realidad de la producción de Coca, que está altamente concentrada en la región andina de Suramérica, el panorama relativo a los países que son de tránsito se ha diversificado un poco más, existiendo una zona que se orienta hacia Estados Unidos y otra zona hacia Europa.

            La producción dirigida hacia Estados Unidos, que sigue siendo el mayor mercado de la coca, se produce mayoritariamente en Colombia, pasa por los países centroamericanos y México, siendo este país el que concentra las organizaciones criminales que la comercializan, las que actualmente se debaten en una lucha fratricida por zonas de control del tráfico hacia el gigante del norte. Aquí se repite el fenómeno de copamiento de los espacios vacíos, en este caso por parte de los carteles mexicanos que se levantaron después del ocaso de los carteles colombianos.

            La producción que se dirige hacia Europa, se origina en Perú y Bolivia y se comercializa en su mayoría desde Venezuela, que concentra el 51 % de los envíos, seguido por El Caribe con 11 % y Brasil con el 10 %.

            Esta extensa geografía de la Coca que involucra a la producción, tránsito, redes de control del negocio, proveedores de precursores, lugares de lavado del dinero, zonas de consumo, generan un copamiento total de la región, haciendo que todos los países estén involucrados y tengan la obligación de responsabilizarse políticamente en el tratamiento integral de la droga.

            Además, es necesario reconocer que junto a la organización por la producción y el tráfico, crecen las variables de la violencia urbana y en las zonas fronterizas, el del comercio ilegal de armas pequeñas y livianas y la corrupción del sistema político, judicial y policial de los países involucrados.

            Todas estas variables están hoy día mostrando síntomas alarmantes de crecimiento, las que se transforman en un ataque sistémico al desarrollo democrático de nuestros países. Es por esto que más que cualquier otro aspecto de la agenda multidimensional de seguridad, la relativa a las drogas ilícitas debiera adquirir la predominancia que la realidad nos demanda.

            Nuestros liderazgos políticos deben asumir la responsabilidad por los compromisos incumplidos que se habían adquirido en el año 1998 en la Asamblea General de las Naciones Unidas y retomar con nuevos bríos el próximo plazo que se fijaron, para el año 2019, no solo mejorando los mecanismos que hasta ahora han sido usados, sino resituar la estrategia global para la lucha contra el narcotráfico.

            En esta dirección aparece como prioritario invertir más y mejor en los sistemas policiales y judiciales en caso de seguir con la prioridad de la lucha represiva contra este crimen organizado. Incluso mudando de la agenda de defensa clásica a la de seguridad democrática, con lo que concierne a destino de recursos humanos y materiales. Nuestra acuciante realidad nos exige más policías y menos fuerzas armadas.

            En la mirada estratégica es indudable que la agenda de desarrollo humano es la clave fundamental, puesto que la pobreza campesina y de los suburbios urbanos son la pieza sensible en la producción y tráfico de la droga, así como en el reclutamiento de la juventud para las bandas criminales, teniendo en cuenta la enorme cantidad de dinero que genera esta actividad.

            Por último, tampoco puede seguir ausente la discusión sobre la pertinencia de la legalización de ciertas drogas, que saque de la circulación el aspecto ilegal y criminal de la producción y comercialización, como ya lo han planteado varios líderes políticos.

            Sin lugar a dudas que todas estas medidas pueden ser controversiales, pero lo que es inadmisible es seguir haciendo más de lo mismo.