Las últimas semanas han sido muy intensas en materia de planteamientos públicos relacionados con la preocupación por el excesivo gasto en sistemas de armas que están llevando adelante varios países de América del Sur, las que han sido objeto de mutuas reflexiones entre Chile y Perú y en el propio seno del Consejo de Defensa Suramericano, después de los planteamientos realizados en la reunión de Presidentes de UNASUR.

            Ha llegado el momento de tomar con más seriedad esta situación, y no escudarnos en que somos la región que tiene el gasto militar per cápita más bajo del mundo, porque puede significar una vez más llegar tarde a realidades que después se nos transforman en amenazas o riesgos a nuestro desarrollo.

            A su vez, creo que debemos realizar un esfuerzo por discriminar los actuales procesos de compras militares y por lo tanto abordarlos en su propia dinámica política, la cual nos puede ayudar a hacerlo objeto de un debate multilateral.

            Hay que distinguir que la vorágine armamentista se concentra en cuatro países: Brasil, Chile, Colombia y Venezuela. El resto de los países efectivamente están en procesos muy precarios de renovación de su equipamiento (Perú, Uruguay, Ecuador), otros claramente con un sistema de defensa obsoleto y con planes de mediano plazo para reconstituir una capacidad básica (Bolivia, Paraguay, Argentina). Además estos países también están en distintos procesos de definición de sus políticas de defensa; Bolivia y Ecuador han optado por una orientación hacia temas de desarrollo nacional, con fuerte énfasis en tareas de apoyo gubernamental; Paraguay lentamente empieza un proceso de renovación y reinserción de sus fuerzas armadas a tareas en el marco de un gobierno democrático; Uruguay y Argentina están orientados particularmente a misiones internacionales en áreas de operaciones de paz, luego de que han desistido de hipótesis de conflictos vecinales; Perú está construyendo una modernización de su sector defensa, pero con un fuerte énfasis en las demandas internas.

            Por eso es aún más llamativo el proceso que están viviendo los cuatro países sudamericanos restantes, porque también existe una correspondencia entre sus compras de armamentos y las definiciones de sus políticas estatales, tanto internas como internacionales, pero desde una lectura de desafíos de liderazgo.

            En primer lugar está Brasil, quien hace unas semanas anunció públicamente una alianza estratégica con Francia en materias de compras de sistemas de armas por un monto de 14 mil millones de dólares para la próxima década, lo que significa contar con material de guerra moderno, en cantidades importantes, con traspaso de tecnología, lo que fortalecerá su propia industria militar, que tiene como objetivo ser en un corto plazo autosuficiente y relevante exportador regional. En su carpeta figuran submarinos nucleares, buques de superficie de renovada tecnología, todo apuntando a la proyección en el Atlántico Sur. Asimismo, pretende una potenciación de su fuerza aérea a gran escala, todos elementos que se conjugan para presentarse como una potencia militar que haga sintonía con su participación política y económica a nivel global. Se reactiva una mirada geopolítica de Brasil sobre su entorno territorial y marítimo, asociado a bienes ambientales y energéticos de primer orden.

            En segundo lugar está Colombia, que desde hace una década ha mantenido una fuerza militar operativa de gran magnitud, moderna, experimentada y con recursos permanentes, gracias al sostenido apoyo que le ha brindado Estados Unidos en el marco de su lucha contra el narcotráfico y los grupos subversivos armados. Es indudable que la fuerza militar colombiana cuenta con plataformas militares de alta tecnología y un recurso humano calificado en el combate. Importantes flotas de navíos para vigilancia costera y fluvial; la mejor y más moderna flota de helicópteros de la región; alta tecnología en materiales de apoyo logístico, comunicaciones e intercepción. Todo, especialmente dirigido a la lucha en su frente interno.

            En tercer lugar está Venezuela, que bajo el gobierno del Presidente Chávez ha hecho grandes inversiones en compra de material de guerra para sus tres armas castrenses. La flota naval de superficie, la inversión en submarinos, la modernización de su fuerza aérea y el reciente anuncio de un nuevo equipamiento de caballería blindada y carros de combate, son parte de una estrategia de mediano plazo de dotarse de complejo militar moderno, potente y cuantioso, en el marco de fortalecimiento de sus fuerzas armadas, de convenios para compra y ejercicios militares con Rusia y otros países extra regionales. También tiene intenciones de instalar fábricas propias en el país, así como negociar transferencia tecnológica de punta. El proyecto militar se articula con su visión ideológica de modelo de desarrollo y también tiene en cuenta una visión geopolítica andina, en la cual ubica a Colombia como su obstáculo y su rival ideológico.

            En cuarto lugar está Chile, que sin duda ha sido el país que ha venido desarrollando desde hace más de una década una política sistemática de modernización de sus fuerzas armadas, con la dotación correspondiente de sistemas de armas en calidad y cantidad significativa. Ha sido un proceso transversal a las tres ramas de las fuerzas armadas, las que pueden considerarse actualmente como las mejor equipadas de la subregión. Las compras claramente sobrepasan la sola lógica de la reposición de material obsoleto, y por lo tanto de las necesidades reales para que pudieran cumplir la labor explicitada en la definición político estratégica de disuasión.

            Pero si bien estos cuatro países tienen esta lógica armamentista común, creo que se separan al momento de auscultar sus objetivos y alcances reales. Claramente Brasil busca su posicionamiento internacional y la instalación sobre un territorio geopolítico prioritario, pero no está en su lógica una interpretación intra regional, sino justamente en la proyección de amenazas extra regionales. Brasil no es una amenaza para nadie en la región suramericana, pues su potencial constituye una asimetría de tal magnitud que es impensable tener hipótesis de conflicto con él.

            Colombia está enclaustrada en su conflicto interno, que aunque haya disminuido en intensidad, seguirá siendo su énfasis principal. Y es en esta dirección que tiene orientado sus esfuerzos humanos, técnicos y materiales, por lo tanto tampoco tiene aspiraciones extra nacionales ni interés en que su conflicto escale. Su línea de formación, encuadramiento y compras militares seguirá estando regida por el dilema interno.

            En cambio Venezuela y Chile, sí tienen una lógica de defensa vecinal, con hipótesis de conflicto incluida y un despliegue y racionalidad que está en esa dirección. Más allá de las declaraciones de sus respectivos liderazgos en cuanto a minimizar las compras de armas y plantear que éstas “no son contra nadie”, en su trasfondo reluce la percepción que Chile tiene sobre Perú y Bolivia y en menor medida sobre Argentina, y la que Venezuela tiene sobre Colombia.

            Aquí radica el peligro principal de esta escalada de compras de armas en nuestra sub región. Y si bien sabemos que los conflictos no se producen por la existencia propiamente tal de armas, vaya que estas ayudan a que líderes y élites se sientan cómodos y hasta prepotentes. Por eso es que instancias multilaterales deben considerar en forma seria y no coyuntural abrir un debate serio, responsable y alejado de retóricas sobre el verdadero relato que está detrás de cada adquisición militar, para que la transparencia no sea de números, sino de voluntades.